Al presentar su informe anual de actividades 2025 ante el pleno de la Comisión Permanente, la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), María del Rosario Piedra Ibarra advirtió la necesidad de replantear las estrategias contra la desaparición de personas y adoptar enfoques distintos para su atención, con énfasis en el acompañamiento a las víctimas y sus familias.
La presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, la diputada Kenia López Rabadán, dio cuenta formal de la recepción del informe y ordenó su remisión a las Cámaras de Diputados y de Senadores, al subrayar que este ejercicio permite revisar no sólo cifras y resultados, sino el desempeño real de la CNDH frente a los retos actuales del país y su función como garante de los derechos fundamentales.
La legisladora remarcó que la labor del organismo debe orientarse tanto a la reparación de agravios como a la prevención de nuevas violaciones, y recordó que, conforme a la Constitución, la CNDH participará en el proceso de renovación de tres consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE).
Durante su exposición, María del Rosario Piedra Ibarra informó que en 2025 no se acreditaron quejas por desaparición forzada atribuibles directamente a autoridades federales y que los casos con indicios de participación oficial se concentraron en el ámbito municipal.
La funcionaria detalló que la CNDH atendió a 730 familiares de personas desaparecidas, realizó 545 acciones de acompañamiento, emitió 173 recomendaciones por violaciones graves y promovió 87 acciones de inconstitucionalidad, además de registrar una disminución en el número de quejas.
La titular de la CNDH sostuvo que es necesario avanzar hacia la constitucionalización de un nuevo modelo de defensa de los derechos humanos, con recomendaciones obligatorias y un enfoque preventivo que evite la repetición de violaciones.
Desde la tribuna, la senadora María Guadalupe Chavira De La Rosa (Morena), consideró que durante la actual administración la CNDH ha reforzado su enfoque social. Destacó que la función del organismo autónomo en la emisión de recomendaciones relacionadas con condiciones de centros penitenciarios, estaciones migratorias, violaciones graves a derechos humanos.
La senadora panista María Guadalupe Murguía Gutiérrez cuestionó la ausencia de pronunciamientos de la CNDH frente a presuntas violaciones de derechos humanos durante la marcha de la Generación Z en noviembre de 2025. Reprochó la falta de acompañamiento visible a víctimas, colectivos de búsqueda, personas migrantes y periodistas.
Desde el PVEM, el diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo defendió la conducción de la Comisión al señalar que ha privilegiado una defensa menos retórica y más cercana a las realidades sociales. Aseveró que los avances respecto a los mecanismos internacionales son primordiales, además que se han impulsado reformas orientadas a fortalecer la libertad de expresión y el acceso a la información.
El diputado Reginaldo Sandoval Flores (PT) planteó la necesidad de una reforma constitucional para transformar a la CNDH en una Defensoría del Pueblo, con recomendaciones vinculantes y con la defensoría pública bajo su ámbito. Sostuvo que México avanza en la dirección correcta en materia de derechos humanos, en un contexto de reducción de la pobreza extrema y ampliación del modelo de bienestar.
La diputada Ana Isabel González González (PRI) cuestionó que el informe no refleje la magnitud de la violencia, la impunidad y las desapariciones forzadas, ni ofrezca comparativos claros para medir avances o retrocesos. Llamó a fortalecer a la CNDH para que priorice la defensa de las víctimas y actúe con mayor independencia frente al poder.
En su intervención, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas de MC afirmó que la CNDH se ha alejado de su papel como contrapeso frente a violaciones de derechos humanos, particularmente en el contexto de la militarización de la seguridad pública, y cuestionó el cierre de expedientes sin acreditación de responsabilidades.
